La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está presente en todas las conversaciones políticas de este país. Los cinco días de ‘reflexión’ que Pedro Sánchez mantuvo hace una semana para dejar todo cómo estaba, le han servido para una cosa, tener claro que hay que renovar este órgano judicial sí o sí. Por lo civil o criminal, que diría Luis Aragonés. El Consejo General del Poder Judicial lleva bloqueado casi cinco años y medio con las mismas personas en el mismo cargo, pero en funciones.

A pesar de ello, PP y PSOE siguen sin ponerse de acuerdo, ni con la Unión Europea de mediadora. Y es que solo ellos, al ser los dos partidos mayoritarios, son los que pueden llegar a un acuerdo de renovación. Pues bien, algo parecido sucede en Castilla y León con sus instituciones propias de las Cortes de Castilla y León. En concreto con cuatro: el Procurador del Común, el Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social (CES). Estas cuatro instituciones, dependientes de la Comunidad, también se encuentran en estos momentos sin ser renovados y todas las actuaciones las realiza en funciones. Es decir, que la renovación permanece encallada solo por cuestiones políticas. “Vamos a dejarlo para cuando acaben las elecciones», afirmó el portavoz popular Raúl de la Hoz antes de verano tras convocar Sánchez unos comicios a traición, pero esto nunca llegó. Ahora la pregunta es saber si llegará antes la renovación judicial en España o la institucional en Castilla y León.

El caso más llamativo es el del Procurador del Común, con sede en León, que se mantiene en funciones desde el pasado 2 de noviembre de 2022 (18 meses) cuando el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, firmó su cese tras cuatro años de mandato. Pues bien, nada se ha hecho y Tomás Quintana sigue en su puesto en funciones. Hasta el punto de que este martes en el marco del pleno monográfico del Procurador del Común volverá a subirse al atril en el parlamento autonómico para presente su informe.

Para llegar a su renovación tienen que ser aquí también los partidos mayoritarios de PP y PSCyL, los que tienen la capacidad de llegar a la mayoría cualificada que se exige. Pero de momento nada. De los 81 procuradores, 49 tienen que votar a favor del candidato. La coalición de Gobierno suma 44, por lo que faltan cinco que podrían llegar desde la Unión del Pueblo Leonés y Soria Ya, pero nunca estuvieron muy por la labor. Por lo tanto, la clave está en los socialistas, pero no parece que se quiera llegar a un acuerdo porque, y aquí está el quid de la cuestión, hay que buscar un candidato con un perfil que agrada a todos. Y eso ahora mismo, es misión imposible.

En la misma situación se encuentra el Consejo de Cuentas, con sede en Palencia. Su actual presidente, Mario Amilivia, se encuentra también en funciones después de que su mandato se cumpliera a principios del pasado 2023, son ya casi más de 15 meses de retraso los que acumula la renovación de este organismo. En este caso su elección es diferente, según la Ley del Consejo de Cuentas de Castilla y León, es deber del Parlamento elegir a los tres consejeros, que son elegidos por los grupos parlamentarios, pero es necesario el voto favorable de tres quintos de la Cámara para que resulten elegidos.

En el Consejo Consultivo, con sede en Zamora, también sus tres consejeros son nombrados por las Cortes. Los Consejeros electivos serán tres y se designarán por las Cortes de Castilla y León en votación conjunta de los candidatos que corresponda presentar a los Grupos Parlamentarios en proporción al número de Procuradores integrado en cada uno de ellos. Los candidatos se entenderán designados si alcanzan el voto favorable de los tres quintos de la Cámara en primera votación o de la mayoría absoluta en segunda votación, si fuere necesaria. Así, el actual presidente, Agustín Sánchez de Vega, también lleva nombrado desde el 6 de febrero de 2019 por lo que lleva varios meses en funciones, tras los cuatro años establecidos.

El CES, todavía más complejo

Por ultimo, el Consejo Económico y Social lleva sin renovarse desde 2023  y con Enrique Cabero al frente desde el 20 de noviembre de 2019. El Consejo Económico y Social está compuesto por 36 miembros con representación sindical, empresarial, expertos, organizaciones profesionales agrarias, un representante de las asociaciones de consumidores de ámbito regional y un representante de las cooperativas y sociedades anónimas laborales. Esto hace que su elección de presidente no sea fácil. Es el pleno del propio Consejo el que debe proponer a las Cortes a un candidato que cuente con el respaldo de al menos dos tercios de los consejeros.

¿Qué piensan los grupos parlamentarios?

Y eso ha provocado ya cierta preocupación entre el resto de los partidos. Por ejemplo, el portavoz del Grupo Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez, ha pedido esta pasada semana retomar la línea de trabajo para negociar la renovación en lo que calificó como una “llamada de atención”. Aunque es cierto que desde la formación de Abascal siempre se ha negado la continuidad de estas instituciones, Menéndez lo hace desde “el respeto” a ellas.

Mientras tanto, los dos actores protagonistas siguen sin encontrarse en la secuencia. “Hubo un contacto y hasta hoy, no se ha vuelto a saber nada”, ha recordado la socialista Patricia Gómez, que vuelve a decir que desde su grupo hay una “total disposición”. Sin embargo, acusa al PP de no querer sentarse a la mesa. Los populares quieren que haya convite, pero no ponen los ingredientes porque “las condiciones no son las más idóneas”. “No está paralizado, está por hacerse, y se hará cuando se den las condiciones oportunas”, ha afirmado Miguel Ángel García Nieto. Es decir, unos por otros, y las instituciones sin renovar.

En este parón, las cuatro instituciones siguen ejerciendo su trabajo con total normalidad, y para todos los grupos parlamentarios, “con eficacia”, sin embargo, el actuar en funciones les cohíbe algunas actuaciones.